martes, 31 de marzo de 2009

LOS IMPAGOS Y LOS MOROSOS


"Llevo dentro de mí mismo un peso agobiante: el peso de las riquezas que no he dado a los demás".
Rabindranath Tagore (1861-1941) Filósofo y escritor indio.


Libro recomendado: "Cobro de impagados" de Pere J. Brachfield, director del Centro de Estudios de Morosología de EAE.

Desde hace tiempo existe cierto malestar entre los pequeños empresarios españoles, debido entre otras cosas a la existencia de una legislación ineficiente que provoca muchos disgustos a la empresas que financian a sus clientes, y muchas alegrías a las empresas o ciudadanos que se proponen no liquidar sus deudas.

Este malestar se intensifica en época de crisis.
En España, la morosidad es un mal endémico derivado en muchos casos de la suspicacia de unos pocos y de la dejadez o falta de constancia de otros.

Según Pere J. Brachfield, director del Centro de Estudio de Morosología del EAE Business School, "el impago de nuestras empresas alcanzó en 2008 la nada despreciable cifra de casi 200.000 millones de euros, y sigue subiendo con unos 15.000 millones más al mes en 2009".

Y es que en España tenemos unos plazos de pago desproporcionados, ya que la media de cobro de las deudas en nuestro país se sitúa en torno a los 94 días, mientras que la media en Europa es de 59,2, según Luis Salvatierra, director general de Intrum Justitia.

Parece sin embargo que quienes soportan más retraso en sus cobros son las empresas de la construcción, que soportan plazos medios superiores a los 230 días. Curiosamente, según denuncia el Presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de Construcción y Obra Pública, Enrique Figueroa, se calcula que aproximadamente el 20% de la morosidad en este sector proviene del sector público.

Según Brachfield, "el porcentaje de los efectos de comercio impagados sobre vencidos alcanza ya el 6,1% y el Índice de Crédito y Caución de Incumplimiento, que compara los niveles de impago de las operaciones comerciales a crédito entre empresas españolas, refleja un empeoramiento del 130,5%, y una de cada diez empresas tiene un elevado riesgo de impago en los próximos 12 meses".

Parece, a tenor de los datos, que en España tenemos una especie de 'gen' moroso, según otro estudio de la UE, en España tenemos un exceso de ganas de consumir 'de gratis', puesto que se estima que el 62% de los impagos provienen del simplemente 'no pago porque no me da la gana', en los tiempos que corren, con la excusa de la crisis, 'los profesionales del impago' han encontrado el terreno perfecto para moverse como pez en el agua.

Por territorios, Andalucía, seguida muy de cerca por la comunidad valenciana son dos de las comunidades que más sufren los efectos de los impagos, quizá porque se haya dependido más de la construcción, que es uno de los sectores que más está sufriendo la crisis.

¿Por qué sufrimos este exceso de morosidad?

Uno de los motivos parece ser la falta de cultura empresarial en relación al estudio y seguimiento de los cobros de los clientes. No se suele disponer de una persona que se encargue de este asunto, algo que empieza a ser imprescindible en los tiempos que corren.

Las pymes españolas no se toman en serio el problema, bien porque no saben como atajarlo, bien porque piensan que sólo van a conseguir perder tiempo y dinero en un largo y costoso procedimiento judicial. Por desgracia no se equivocan.

Conozco dos empresas que se dedican a la venta de materiales de construcción.

Una de ellas decidió que a partir de cierto volumen de ventas, el cliente que quería pagar a plazos tenía que estar asegurado en Crédito y Caución; es una forma de asegurar el cobro de las facturas.
Funciona de la siguiente manera, primero informo a la empresa aseguradora de quien es mi cliente y ésta me comunica si me asegura su cobro. Si la respuesta es afirmativa, la empresa vende a crédito con la confianza de que si el cliente no paga, el que paga 'casi' toda la deuda es la aseguradora.
Si la respuesta es negativa, lógicamente el cliente tendrá que pagar al contado si quiere llevarse la mercancía.
Este sistema de venta cuesta muy caro a la empresa que lo contrata, además, provoca el rechazo de muchos clientes, que prefieren buscar otros proveedores con menos exigencias.

La otra empresa vendía con créditos a tres y seis meses sin ningún tipo de aval ni seguro. Lógicamente esto consigue la aceptación de muchos más clientes que en el caso anterior, y por tanto más ventas.

En poco tiempo los socios de la segunda empresa cambiaron su status social al conseguir incrementar su patrimonio personal de manera significativa, y darse un buen chapuzón en el mar del consumismo, gracias a las cuantiosas ganancias que obtuvieron por su próspero negocio.

Mientras que los socios de la primera empresa, la que aseguraba a sus clientes, aunque les iba bien, no consiguieron ni mucho menos unos beneficios tan fructíferos como los segundos.

Pero vino la crisis, y adivinan quien a cerrado su negocio por impagos y quien tiene embargados la mayoría de sus bienes, quejándose de no recibir ayudas de ningún tipo. Pues efectivamente aquellos que dejaron a la suerte el cobro de sus facturas, las deudas contraídas con clientes que se declararon insolventes ascendió a cientos de miles de euros.

Sin embargo la empresa que aseguró sus ventas, no sólo sigue funcionando, sino que además ha conseguido captar la mayoría de clientes de la empresa que ha cerrado.

En España existe un procedimiento judicial llamado 'monitorio' mucho más barato que el procedimiento 'normal', para deudas inferiores a 30.000 euros, en el que apenas en unos meses se puede dictar sentencia, y si procede se embargan los bienes del deudor.
El problema viene en que el deudor tiene cierta facilidad para eludir esta circunstancia y obligar a iniciar un procedimiento declarativo, con lo que ya nos iríamos a unos dos años de espera, con unos gastos económicos mucho mayores. Cuando llega la resolución de la sentencia, el deudor ya ha puesto sus bienes ha buen recaudo, haciendo infructuosa la reclamación de la deuda, eso sí los abogados y procuradores sí cobran suculentos honorarios por la gestión realizada.

Las soluciones a este mal endémico no son fáciles, pero se pueden plantear algunas ideas:

Las sociedades que se declaran en quiebra, suelen tener pocos o nulos bienes en el patrimonio de la empresa, por lo que a los acreedores sólo les queda denunciar a los administradores para demostrar mala fe en sus actuaciones y conseguir que éstos respondan con sus bienes personales de las deudas contraídas por la sociedad. Si se modificara la ley a fin de conseguir mayor responsabilidad de los administradores por sus actos, podríamos dar un paso gigante hacia la desaparición de este mal que es la causa de la desaparición de muchas empresas españolas.

Las pymes catalanas, por ejemplo, demandan al ejecutivo, la aprobación de un Reglamento que determine la existencia de un plazo máximo de 30 días para operaciones comerciales, ampliable a 60 días sólo para casos excepcionales.

Además los técnicos de Hacienda han solicitado a la Agencia Tributaria que se reduzca a tres meses el plazo reglamentariamente exigido para que las empresas puedan recuperar el IVA que han pagado de facturas que no se han cobrado todavía.

Este colectivo también ha propuesto que aquellas empresas que tengan facturas por cobrar de alguna Administración Pública, puedan compensar estas cantidades con el pago de sus impuestos.
Ambas propuestas serían una forma muy conveniente de mejorar la tesorería de las empresas españolas.

Otra de las ideas que habría que plantearse es cobrar intereses de mora y sanciones indemnizatorias 'por ley' a los deudores que se extralimitan en el pago de sus deudas.

Se deberían simplifar aún más los procesos judiciales para favorecer al denunciante, y no al denunciado, como ocurre hoy día. Ampliando competencias a los secretarios judiciales para que puedan agilizar procesos.

Se espera que en breve el aplazamiento del pago de impuestos sin necesidad de aportar avales ascienda hasta los 18.000 euros, de los 6.000 euros de límite que existe en la actualidad.

La Ley cambiaria actual tampoco ayuda a las empresas, quizá una revisión de ésta o una mejor aplicación conseguiría una diminución de la morosidad en este país.

miércoles, 11 de marzo de 2009

LOS COSTES DEL DESPIDO EN EL MERCADO LABORAL ESPAÑOL: El debate está servido

"Seamos realistas y hagamos lo imposible."
Ernesto Che Guevara



Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE ha planteado el abaratamiento del despido en España, como una de las medidas más urgentes para salir de la crisis.

Por otro lado, Cándido Méndez ha señalado que "el mercado laboral tiene todos los huecos ya resueltos, recortar salarios, rebajar cotizaciones sociales y abaratar el despido provocaría una crisis más profunda y dificultaría la recuperación".

El debate está servido, unos, aluden motivos económicos, como la falta de competitividad de las empresas españolas y de productividad laboral; otros, motivos sociales basados en la defensa de los intereses del trabajador.

Pero, ¿es cierto que los costes laborales en España son altos?

Según un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), "Objetivo crecimiento 2009" se recomienda a España flexibilizar el mercado laboral y abaratar el despido.
Según este informe, se recomienda al Gobierno español reducir las indemnizaciones por despido ya que el actual sistema de indemnizaciones produce un efecto negativo sobre el crecimiento de la productividad y dificulta la plena inserción laboral de los diferentes colectivos con discriminación laboral, como el de mujeres, jóvenes e inmigrantes.

En el mismo sentido, el Banco de España, por mediación de su Gobernador Miguel Ángel Fernández Ordoñez ha comentado que le parece totalmente imprescindible abordar una reforma laboral para salir de la crisis, con abaratamiento del despido incluido.

En sentido contrario opinan los sindicatos. En concreto Cándido Méndez responde que abaratar el despido es un atropello a los trabajadores. Según él mismo, organismos tan respetables como la OCDE no analizan en profundidad los mecanismos del mercado laboral español. Reprocha además que "ahora se cuestiona la normativa española laboral en una situación de destrucción de empleo, cuando se valoraba como buena en la época en que España encabezaba la creación de puestos de trabajo en Europa. Lo que no nos pueden intentar vender o colar es gato por liebre, es decir, fórmulas que agravarían aún más la crisis".

Vamos a comparar el mercado laboral español con el resto de países desarrollados, para ver que hay de cierto en lo que dicen unos y otros:

En un informe elaborado por Sagardoy Abogados se pone de manifiesto que despedir a un empleado que percibe un sueldo de 24.000 euros anuales con 10 años de trabajo en la empresa, supone un coste en España de unos 36.000 euros, seis veces más que en Dinamarca, el país más barato de Europa y tres veces más caro que en Francia o en Bélgica. Sólo en Holanda la indemnización sería parecida a la española.

El informe Doing Business 2009, realiza una comparación entre 181 países del mundo y que clasifica en términos de facilidad para hacer contratos laborales, de 1 a 181, de mejor a peor.
Según esta clasificación, España ocupa el puesto 160 de entre 181 países en rigidez salarial.

Este informe, además asigna un valor entre 0 y 100, con valores mas altos representando regulaciones más rigurosas, y estas son sus conclusiones:
INDICADOR ESPAÑA - MEDIA DE LOS PAÍSES DE LA OCDE
Índice de dificultad de contratación 78 - 25,7
Índice de inflexibilidad en los horarios 60 - 42,2
Índice de dificultad de despido 30 - 26,3
Índice de rigidez laboral 56 - 31,4
Costos por despido (salarios semanales) 56 - 25,8
En resumen, según este informe, sólo países como Venezuela Bolivia o Angola, entre otros, nos ganan en rigidez salarial y sólo Portugal, como país europeo.

En España, la indemnización de los contratos indefinidos se sitúa en 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades, en general. Otras modalidades menos utilizadas son los contratos para fomento de empleo con 33 días o las regulaciones de empleo con 20 días de indemnización por año trabajado.

A diferencia de Alemania, por ejemplo, donde no se contempla ninguna remuneración por este concepto (a no ser que se decida entre las partes, cosa algo habitual).

En el Reino Unido, la indemnización se sitúa en 7 días por año trabajado para los menores de 41 años, y en 10,5 días para el resto con un máximo de 11,800 euros, siempre y cuando el trabajador haya permanecido en la empresa más de 2 años.

Es curioso el caso de Dinamarca, con un coste de despido totalmente nulo, ha conseguido mantener el nivel de desempleo en un 4,3% a pesar de la crisis, el país con menos paro de la UE, en contraposición con España, con una tasa de desempleo del 14,8%, la mayor de la UE.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

¿Es recomendable una bajada de salarios?, una bajada en los salarios podría plantearse en un escenario de sueldos altos en comparación con otros países del entorno, y siempre que esa reducción de costes salariales suponga cuanto menos una reducción en la misma proporción en los precios de los productos españoles, ganando competitividad de cara al exterior sin que los trabajadores pierdan poder adquisitivo. Está claro que no se cumplen ninguna de las dos condiciones.
Así que según mi opinión, la respuesta es tajante, no es recomendable. En la situación actual de crisis, donde las empresas que quedan vivas, apenas llegan a tener beneficios, una bajada de los sueldos de los trabajadores redundaría en un mantenimiento de precios para lograr beneficios, lo que supondría una disminución del poder adquisitivo del trabajador que como consecuencia reduciría el consumo y provocaría más desempleo.

¿Es recomendable disminuir los costes del despido en España?. disminuir los costes del despido en España no va a incrementar la contratación significativamente, sin embargo, teniendo en cuenta que apenas un 11% de los contratos en este país son indefinidos según los informes del INEM, sí recomiendo disminuir los costes de despido para fomentar la contratación indefinida en detrimento de la temporal, puesto que el índice de contratos indefinidos / temporal es en España más bajo que en cualquier otro país de la Unión Europea. Es mejor tener un despido más barato, pero con más gente con derecho a esta indemnización.

EVOLUCIÓN de los contratos por modalidad. FEBRERO 2009
VARIACIÓN VARIACIÓN
MES ABSOLUTA RELATIVA

Total contratos: 1.016.678 -109.095 -9,69
Contratos indefinidos: 115.683 -3.518 -2,95
Contratos temporales: 900.995 -105.577 -10,49

Datos proporcionados por el INEM

No debe ser tan caro el despido en España cuando se ha despedido a tanta gente. Es cierto que en estos últimos meses muchos trabajadores han tenido que hacer cola para inscribirse en las oficinas del INEM como desempleados, pero mayoritariamente no han sido despidos, sino finalizaciones de contratos temporales, con lo que la mayoría de estos trabajadores no han recibido ninguna ayuda por parte de la empresa al finalizar su contrato (sólo los contratos temporales por obra o servicio contemplan una indemnización de 8 días por año trabajado). Las empresas han preferido aguantar a aquellos trabajadores que suponían un coste más alto de despido para la empresa, sufriendo las consecuencias aquellos que tenían un contrato temporal.

Pero, una disminución de los costes de despido ¿no provocará que las empresas despidan masivamente a sus trabajadores?. Esta es una buena pregunta, se puede pensar que en los tiempos que corren, esto puede pasar. Sin embargo no lo creo, tenemos el caso de Dinamarca como he comentado antes, que tiene el coste de despido más bajo de la UE y la también la tasa de paro más baja.
Las empresas tienen que perder miedo a contratar, y no pensar unicamente, como ocurre hoy día, qué pasará cuando dentro de unos años tenga que reducir plantilla. La estrategia actual de la empresa española es contratar temporales y tener una rotación muy alta de plantilla, este es uno de los motivos de la baja productividad española.
Sin embargo sí que soy de la opinión que un coste de indemnización demasiado bajo, podría provocar abusos por parte de algunos empresarios hacia sus trabajadores.

¿Existen otras maneras de reducir costes laborales sin disminución de derechos de trabajadores?

No se entiende que exista un impuesto a la contratación tan alto, en España una trabajador que gana unos 2.000 euros, le cuesta a la empresa unos 2.720 euros (sin bonificaciones) al mes, amén de los impuestos que aparte paga el trabajador (unos 200 euros al mes). Sería conveniente revisar estas cifras, que desincentivan la contratación, y buscar nuevas alternativas como unos pagos a la Seguridad Social decrecientes en función del tiempo que lleva el trabajador.

Las empresas que tributan en "módulos", pagan una cantidad fija en concepto de IRPF todos los trimestres, que se ve incrementada espectacularmente por aumentar la plantilla. Sería conveniente revisar estos baremos y calcularlos en función de otros índices.

En fin, la crítica está servida, espero vuestros comentarios.

miércoles, 4 de marzo de 2009

El dinero es deuda

Impresionante video donde se explica como los bancos pueden ser capaces de dominar a una sociedad entera.
Sólo os pongo una frase que se menciona: "Dame el control del dinero y ya no importará quien haga las leyes", con eso os lo digo todo.